Buenos Aires, 15 de julio de 2012 - Lo importante aparece a menudo oculto tras titulares ruidosos. Se toman decisiones en la Argentina que, encubiertas o superadas por el bochinche de las urgencias, tienen sin embargo la relevancia de los hechos verdaderamente determinantes.

¿Alguien podría imaginar que desde un gobierno que se proclama peronista se justificara, relativizara o directamente elogiara un brutal asesinato político cometido durante la última presidencia del general Juan Perón que tenía como objetivo seguir debilitando y deteriorando al líder elegido por el 62% de los argentinos?

Pasó hace poco, cuando en el predio donde funcionaron hasta 2004 varias dependencias de la Armada se organizó un homenaje para justificar un crimen cometido pocos meses antes de la muerte del general Perón. El viejo caudillo asumió el poder el 12 de octubre de 1973 y falleció el 1º de julio de 1974. Su presidencia alcanzó apenas nueve meses y medio, aunque Perón estuvo fuera de combate muchos de esos 265 escasos días. En uno de ellos, el 28 de abril de 1974, el juez Jorge V. Quiroga fue asesinado a balazos por un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Que este crimen, no importa cuán aborrecible pudiera haber sido para algunos la trayectoria de Quiroga, haya ocurrido durante el gobierno de Perón no parece revestir demasiada importancia para los funcionarios del llamado Archivo Nacional de la Memoria, una dependencia de la Presidencia de la Nación en la que hace pocos días se entregó una placa de bronce que durante 33 años estuvo fijada en la fachada del edificio donde hoy funciona la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la capital federal y cuyo presidente, Gustavo Bruzzone, ordenó la extirpación.

Lo hizo en el mismo espíritu con que Néstor Kirchner mandó retirar los cuadros con la imagen de Jorge Videla y Reynaldo Bignone de las paredes del Colegio Militar de la Nación el 25 de marzo de 2004: lo que no se ve, no sólo no existe, sino que tampoco existió. Lo nuevo de esta cuestión de la placa es que constituye de hecho un homenaje a la lucha armada llevada adelante por organizaciones guerrilleras en plena democracia. Ya no sólo se trata de justificar o ensalzar las grandes operaciones insurreccionales concretadas entre junio de 1966 y mayo de 1973, bajo el régimen de facto de la llamada “revolución argentina”. Bruzzone ordenó el 8 de junio el retiro de una placa de bronce que evocaba el asesinato del juez Quiroga, integrante de la Cámara Federal en lo Penal que funcionó entre 1971 y 1973 en el edificio de la porteña calle Viamonte, frente al hoy recuperado Teatro Colón. La placa fue luego entregada como trofeo de guerra en el enorme predio ocupado por la Armada donde ahora tienen su sede diversos organismos que se describen a sí mismos como defensores de los derechos humanos. La placa arrancada formará parte de las exhibiciones de un aún no inaugurado “Museo de la Resistencia”. Además de los funcionarios de la Presidencia de la Nación que recibieron alborozados la placa (Luis Alén, Carlos Lafforgue, Judith Said y Marcelo Duhalde), se encolumnaron los jerarcas del Servicio Penitenciario Federal, inspectores generales Benito Paredes Sánchez, Juan Gregorio Natello y Jorge Benjamín Ceballos, encabezados por el director del cuerpo, Víctor Hortel. Al recibir la placa arrancada, el presidente del Archivo Nacional de la Memoria, Ramón Torres Molina, manifestó que aquella Cámara Federal Penal que integraba Quiroga “quitó de la justicia ordinaria los delitos de la guerrilla cometidos en su legítimo derecho de resistencia a la opresión”.

Sugestivo binomio elegido por Torres Molina, él mismo un veterano militante de la izquierda revolucionaria décadas atrás: admite que eran delitos, pero alega que se perpetraron como parte de un “legítimo derecho de resistencia a la opresión”. El ametralladorista que asesinó a Quiroga ejecutaba, así, una venganza del ERP por el asesinato de los 16 presos baleados en la cárcel de Trelew el 22 de septiembre de 1972. Lo llamaban justicia popular. El día de la espantosa matanza de Trelew gobernaba el país un régimen de facto encabezado por el general Alejandro Lanusse. Dos años y medio más tarde gobernaba Perón. El ERP le había declarado la guerra no sólo a Perón sino al propio Héctor Cámpora. Cuando el odontólogo de San Andrés de Giles asumió el 25 de mayo de 1973 la presidencia de la Nación, escoltado por los presidentes de Chile y Cuba, Salvador Allende y Osvaldo Dorticós, el ERP avisó al país en un parte firmado por su comandante Mario Santucho que no abandonaba la armas y seguía en guerra contra las Fuerzas Armadas “y el imperialismo”. El asesinato de Quiroga no fue el primero ni el último de la extensa serie de ejecuciones, secuestros y copamientos de unidades militares consumados por el ERP desde mayo de 1973 hasta su sangriento final en julio de 1976.

La novedad de esta grave ceremonia es que patentiza el absoluto sometimiento político-ideológico de los cuerpos de seguridad del Estado a los dictados del grupo gobernante. El director del SPF, Hortel, justificó la decisión de retirar la placa de Quiroga como parte de “una gestión novedosa del Servicio Penitenciario, coherente con la política de Memoria, Verdad y Justicia del gobierno nacional”. Fue elocuente: “El Servicio Penitenciario tiene que desprenderse de lo que lo liga con esa etapa negra de la historia argentina”. Su gratitud para con la Casa Rosada es explícita: “todo esto sólo es posible con este gobierno y gracias a la lucha de un montón de gente que militó permanentemente por los derechos humanos”.

Es tenebroso que en ningún momento los nuevos custodios de la placa de Quiroga admitieran que ese juez fue asesinado. Cualquier persona de hasta 40 años que haya leído la crónica de ese acto bien podría concluir que el mismo carecía de interés, una simple placa arrancada y nada más. Pero Quiroga fue asesinado siendo Perón el presidente de la Argentina y hoy la Argentina tiene un gobierno que se identifica (cada vez menos, es cierto) como peronista, una paradoja sugestiva.

La Cámara Federal en lo Penal creada en mayo de 1971 por la dictadura de Lanusse estuvo integrada por magistrados civiles y se abocó al procesamiento de delitos que ya no podían sustanciarse en la justicia regular. Fue disuelta tras la llegada del peronismo al poder. Me permito derivar al lector de EL DIA mi reciente libro “Los hombres del juicio” (Editorial Sudamericana, Buenos Aires 2011) donde el asunto es tratado en profundidad.

El retiro de la placa de Quiroga revela que el Gobierno avanza un paso más en un proceso de enormes repercusiones

Al relativizar la gravedad de un asesinato político ejecutado bajo el agónico pero legítimo gobierno constitucional de Perón, el Gobierno prosigue el desarrollo de su programa ideológico. Autor del libro “Disposición final”, el periodista Ceferino Reato sostiene que el kirchnerismo “se ve a sí mismo como heredero de una generación masacrada” por los militares y sus aliados. En su libro, Reato logró que Videla confesara por primera vez que el régimen que él encabezó formalmente asesinó a entre 7.000 y 8.000 personas durante la dictadura. La semana pasada, Videla fue condenado a 50 años de prisión por el robo de criaturas, bebés de mujeres detenidas durante la guerra contra la subversión. “El Gobierno y Videla nos hacen vivir en un pasado continuo”, dice Reato, y cuando Videla muera “el kirchnerismo lo va a llorar porque personifica el mal de la manera que el oficialismo quiere”. Para el periodista, “es importante conocer lo que pasó antes del golpe de Estado, reconocer que las guerrillas causaron muchos muertos, se habla de unos 1.000, y que también tienen familiares. Son todos argentinos y ambos lados necesitan conocer la verdad”.

El retiro de la placa de Quiroga revela que el Gobierno avanza un paso más en un proceso de enormes repercusiones, al remodelar la historia argentina en el marco ideológico según el cual la violencia criminal es un arma política legítima, incluso en democracia.

© pepe eliaschev 
Publicado en Diario El Día